La actividad de Inama parece más cuestionada que nunca, como lo prueban las sucesivas resoluciones judiciales contrarias a los intereses de la empresa maderera ubicada en Muxika. A final de año, el TSJPV desestimó la demanda en la que solicitaba que se anulase la orden de Medio Ambiente de Lakua que ordenó retirar la Autorización Ambiental Integrada (AAI) condicionada que se le otorgó para que continuase su actividad mientras acometía reformas para acabar con la emisión de contaminantes a la atmósfera.

Mañana, quienes fueron los gerentes de Industria de Maderas Aglomeradas SA de 2001 a 2008, Adolfo Conde Blanco y José Manuel Sánchez Expósito, declararán ante los magistrados de la Audiencia de Bizkaia como responsables de un presunto delito ambiental. En mayo de 2010, ambos fueron absueltos por el Juzgado de lo Penal número 3 de Bilbo, al estimar la jueza que no estaba probado la «relación de causalidad entre las lesiones padecidas» por 21 vecinos de Muxika y la actividad de la planta dedicada a la producción de aglomerado de madera.

La Fiscalía, que comenzó a investigar a Inama en 2005, presentó un recurso de apelación, adjuntando como nueva prueba un nuevo informe de 2006 de la firma Ambio, redactado por encargo del Departamento autonómico de Medio Ambiente, en el que se revelaba que la fábrica , emplazada dentro de los límites de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, superaba en sus emisiones los límites de contaminantes establecidos por la normativa en vigor.

La Audiencia vizcaina aceptó el 4 de noviembre el recurso del Ministerio Público, lo que llevó a la defensa de los ex directivos a interponer un recurso de súplica que fue desestimado hace unas semanas por los magistrados, que se reafirmaron en reabrir el caso

Así, Conde Blanco y Sánchez Expósito se enfrentarán de nuevo a la acusación de delito ambiental. La prueba aportada por la Fiscalía fue la única aceptada por el tribunal encargado de revisar el caso, que rechazó otras como un informe médico-forense que avalaba una relación directa entre los ruidos que genera la planta de Inama y la enfermedad de un vecino.

En la primera parte del proceso judicial, los ex directivos se enfrentaron a sendas a peticiones de tres años de cárcel, por considerarles responsables de los trastornos respiratorios, lesiones auditivas y alteraciones que padecieron un grupo de vecinos de los barrios muxikarras de Astelarra y San Roman que se atrevieron a denunciarlo.

Retirada de la licencia

El futuro de Industria de Maderas Aglomeradas SA no pende de ese nuevo juicio por responsabilidades penales en la Audiencia vizcaina. A raíz de la sentencia del TSJPV que avala la caducidad de la AAI, el Ayuntamiento de Muxika se vió obligado en diciembre a iniciar el expediente de anulación de la licencia de actividad que otorgó el 4 de marzo de 2010.

Fue a través de un decreto del teniente alcalde, el jeltzale José Félix Alegría, como se concedió el permiso municipal, lo que llevó a la plataforma SOS Muxika a denunciar que lo había hecho «a sabiendas de que la AAI iba a ser anulada». El decreto lo firmó Alegría porque el alcalde, Jon Mikel Gainza, también del PNV, está recusado por ser trabajador de Finsa-Inama.

En diciembre, antes del anuncio del Consistorio, la plataforma ciudadana solicitó al Juzgado de Instrucción número 1 de Gernika que abriese una nueva investigación penal contra el teniente alcalde de Muxika, José Félix Alegría, por un presunto delito de prevaricación ambiental y denegación de auxilio. Esta demanda se sumaría a la abierta ya contra el actual gerente de la compañía Finsa-Inama, Marcos Antonio Díaz, por un delito medioambiental contra la salud debido a la actividad de la fábrica.