BUSTURIALDEKO HITZA (2007-10-31)

Ziara Enbeita

Finsa-Inamaren handitzeaz galdetu diote sozialistek Esther Larrañagari

SOS MUXIKA-REN IRITZIA:

Inama enpresak 15 urtetan eragiten dizkigun eragozpenak, eragiten duen kutsadurak, gure osasuna eta ingurumena kaltetzen ditu etengabe, baita lehen sektoreari egiten dion kalteagatik, ez dugu onartuko inongo plangintza industrial barririk harik eta Inamak eragiten dituen kalteak zuzenduarte, lehenengo ta behin arazo hau konpondu, eta gerokoak guztion artean erabakiko ditugu.

Inama enpresaren kasuan esatebaterako:

Contaminación 29 de octubre

El 30 de octubre de 2007, finaliza el plazo establecido en 1996 por la Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación para que 5.000 industrias españolas obtengan e implanten la denominada autorización ambiental integrada, permiso imprescindible para poder operar en la Unión Europea.

La intención de la Directiva era procurar una mejora sustancial del comportamiento ambiental de la industria europea, previniendo en origen la contaminación mediante la implantación de la Mejores Técnicas Disponibles y el establecimiento de valores límites de emisión al aire, las aguas o los suelos coherentes con aquéllas y con la preservación de la salud pública y el medio ambiente. Asimismo, se buscaba unificar los múltiples permisos ambientales existentes en cada Estado miembro en uno único, la Autorización Ambiental Integrada.

Sin embargo, a pesar de los 11 años de plazo otorgados por la norma citada para realizar esta adaptación administrativa y ambiental, con seguridad el mayor reto para la industria y el medio ambiente desde la fundación de la Unión Europea, más de la mitad de las empresas españolas sometidas a esta legislación no han obtenido aún su permiso, y en consecuencia a partir de mañana deberán cesar completamente en su actividad, arriesgándose en el caso de mantenerla ilegalmente a sanciones que pueden alcanzar los 2 millones de euros en cada caso.

Según Ecologistas en Acción la explicación de esta lamentable situación es compleja, y en todo caso desoladora: a los 6 años que tardó el Gobierno de José María Aznar en trasponer la Directiva a la legislación española, con la aprobación en 2002 de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se suma la penuria de medios aportados por las Comunidades Autónomas para aplicar la norma (con trámites que se alargan hasta 3 años, cuando el plazo legal máximo de resolución es de 10 meses), y el desconocimiento y desidia de las empresas afectadas para presentar sus solicitudes y proyectos de adaptación.

De hecho, la mayor parte de los mismos no se han presentado hasta finales del año pasado, aprovechando una disposición transitoria de la Ley española introducida por el Ministerio de Jaume Matas que permitía a las empresas seguir funcionando indefinidamente sin autorización ambiental, siempre que la hubieran solicitado antes de 1 de enero de 2007. Esta disposición ha sido impugnada por la Comisión Europea ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo, y previsiblemente será derogada por la Ley de Calidad del Aire una vez que la misma salga de las Cortes Generales, antes de fin de año.

Para Ecologistas en Acción la situación se complica, porque los inventarios publicados por las autoridades españolas dejan fuera a muchas instalaciones, de forma que todavía al día de hoy es muy difícil saber incluso el número exacto de empresas sujetas a la norma. Gracias a Comunidades como Cataluña, que se adelanto 3 años a España en la transposición de la Directiva Europea con su propia Ley de 1999, la cobertura media en el Estado podría acercarse al 40% de industrias autorizadas en plazo, aunque por ejemplo Castilla y León se encuentra por debajo del 20% y Cantabria en un alarmante 5%.

En contraste, países como Luxemburgo, Alemania, Bélgica, Holanda y Reino Unido llegan al día de hoy con la práctica totalidad de sus empresas autorizadas, encontrándose España en el furgón de cola junto a otros Estados como Grecia, Polonia o Portugal. Previsiblemente, el esfuerzo realizado por la industria y los Estados centroeuropeos va a pasar factura a nuestro país, a través de sanciones económicas o pérdida de competitividad, sin olvidar la oportunidad desaprovechada para mejorar la calidad ambiental de las ciudades y ecosistemas españoles.

En números redondos, Ecologistas en Acción calcula que más de 3.000 empresas no cuentan con la autorización ambiental integrada que las habilite para continuar su actividad. La estricta aplicación de la norma supondría la pérdida automática de un millón de empleos directos y el 10% del Producto Interior Bruto, magnitudes que dan una idea del desastre para el sistema productivo español. El deslizamiento de esta fracción productiva a la “economía informal” conllevaría un coste para las empresas de entre 600 y 6.000 millones de euros, sólo en multas, que paradójicamente deben imponer las propias Comunidades Autónomas que han sido incapaces de hacer cumplir la norma.

Más allá de la incapacidad administrativa y la desidia empresarial generalizada, siempre con honrosas excepciones, también hay que lamentar que las autorizaciones ambientales otorgadas no consideran en general las Mejores Técnicas Disponibles ni la capacidad de carga del medio ambiente afectado por cada industria, limitándose a trasladar los límites de emisión de la normativa vigente, en algunos casos procedente de 1975 (como los valores límite de emisión a la atmósfera), dándose la situación absurda de que muchas autorizaciones permiten a sus titulares contaminar en mucho mayor grado de lo que venían haciendo en la última década.

Ante el incumplimiento generalizado de la Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación, Ecologistas en Acción exige a la Administración central y autonómica que aporten los medios humanos necesarios para superar el colapso actual, así como un mínimo rigor técnico en los condicionados ambientales de las autorizaciones, en particular en lo referido a valores límite y sistemas de control de los mismos. Asimismo, insta a la industria a que cumpla con su obligación de adaptar sus procesos a las Mejores Técnicas Disponibles, limitando la contaminación que genera en su entorno.

La intención de la Directiva era procurar una mejora sustancial del comportamiento ambiental de la industria europea, previniendo en origen la contaminación mediante la implantación de la Mejores Técnicas Disponibles y el establecimiento de valores límites de emisión al aire, las aguas o los suelos coherentes con aquéllas y con la preservación de la salud pública y el medio ambiente. Asimismo, se buscaba unificar los múltiples permisos ambientales existentes en cada Estado miembro en uno único, la Autorización Ambiental Integrada.

Sin embargo, a pesar de los 11 años de plazo otorgados por la norma citada para realizar esta adaptación administrativa y ambiental, con seguridad el mayor reto para la industria y el medio ambiente desde la fundación de la Unión Europea, más de la mitad de las empresas españolas sometidas a esta legislación no han obtenido aún su permiso, y en consecuencia a partir de mañana deberán cesar completamente en su actividad, arriesgándose en el caso de mantenerla ilegalmente a sanciones que pueden alcanzar los 2 millones de euros en cada caso.

Según Ecologistas en Acción la explicación de esta lamentable situación es compleja, y en todo caso desoladora: a los 6 años que tardó el Gobierno de José María Aznar en trasponer la Directiva a la legislación española, con la aprobación en 2002 de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se suma la penuria de medios aportados por las Comunidades Autónomas para aplicar la norma (con trámites que se alargan hasta 3 años, cuando el plazo legal máximo de resolución es de 10 meses), y el desconocimiento y desidia de las empresas afectadas para presentar sus solicitudes y proyectos de adaptación.

De hecho, la mayor parte de los mismos no se han presentado hasta finales del año pasado, aprovechando una disposición transitoria de la Ley española introducida por el Ministerio de Jaume Matas que permitía a las empresas seguir funcionando indefinidamente sin autorización ambiental, siempre que la hubieran solicitado antes de 1 de enero de 2007. Esta disposición ha sido impugnada por la Comisión Europea ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo, y previsiblemente será derogada por la Ley de Calidad del Aire una vez que la misma salga de las Cortes Generales, antes de fin de año.

Para Ecologistas en Acción la situación se complica, porque los inventarios publicados por las autoridades españolas dejan fuera a muchas instalaciones, de forma que todavía al día de hoy es muy difícil saber incluso el número exacto de empresas sujetas a la norma. Gracias a Comunidades como Cataluña, que se adelanto 3 años a España en la transposición de la Directiva Europea con su propia Ley de 1999, la cobertura media en el Estado podría acercarse al 40% de industrias autorizadas en plazo, aunque por ejemplo Castilla y León se encuentra por debajo del 20% y Cantabria en un alarmante 5%.

En contraste, países como Luxemburgo, Alemania, Bélgica, Holanda y Reino Unido llegan al día de hoy con la práctica totalidad de sus empresas autorizadas, encontrándose España en el furgón de cola junto a otros Estados como Grecia, Polonia o Portugal. Previsiblemente, el esfuerzo realizado por la industria y los Estados centroeuropeos va a pasar factura a nuestro país, a través de sanciones económicas o pérdida de competitividad, sin olvidar la oportunidad desaprovechada para mejorar la calidad ambiental de las ciudades y ecosistemas españoles.

En números redondos, Ecologistas en Acción calcula que más de 3.000 empresas no cuentan con la autorización ambiental integrada que las habilite para continuar su actividad. La estricta aplicación de la norma supondría la pérdida automática de un millón de empleos directos y el 10% del Producto Interior Bruto, magnitudes que dan una idea del desastre para el sistema productivo español. El deslizamiento de esta fracción productiva a la “economía informal” conllevaría un coste para las empresas de entre 600 y 6.000 millones de euros, sólo en multas, que paradójicamente deben imponer las propias Comunidades Autónomas que han sido incapaces de hacer cumplir la norma.

Más allá de la incapacidad administrativa y la desidia empresarial generalizada, siempre con honrosas excepciones, también hay que lamentar que las autorizaciones ambientales otorgadas no consideran en general las Mejores Técnicas Disponibles ni la capacidad de carga del medio ambiente afectado por cada industria, limitándose a trasladar los límites de emisión de la normativa vigente, en algunos casos procedente de 1975 (como los valores límite de emisión a la atmósfera), dándose la situación absurda de que muchas autorizaciones permiten a sus titulares contaminar en mucho mayor grado de lo que venían haciendo en la última década.

Ante el incumplimiento generalizado de la Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación, Ecologistas en Acción exige a la Administración central y autonómica que aporten los medios humanos necesarios para superar el colapso actual, así como un mínimo rigor técnico en los condicionados ambientales de las autorizaciones, en particular en lo referido a valores límite y sistemas de control de los mismos. Asimismo, insta a la industria a que cumpla con su obligación de adaptar sus procesos a las Mejores Técnicas Disponibles, limitando la contaminación que genera en su entorno.

Hona hemen Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Patronatoan ospaturiko Plenoaren ostean EAJ-PNV-ko ordezkariek erakutsi zuten jarreraren aurrean  Esther Larrañagak, Patronatoko Lehendakariak, egin zituen adierazpenak:

1.- La Presidencia del Pleno del Patronato de Urdaibai lamenta y denuncia la actitud de los representantes municipales y forales del PNV en la reunión mantenida por este órgano hoy en el Palacio Udetxea de Gernika que, de forma sorpresiva e injustificada, han abandonado.  

2.- La razón esgrimida para intentar justificar esa insólita desbandada está relacionada con el informe solicitado en su día por el Ayuntamiento de Muxika para que el Patronato emitiera un informe sobre la modificación de normas subsidiarias municipales que posibilitaran la ubicación de un polígono industrial. El propio Patronato instó al Consistorio a que aportara más y mejor información al respecto, a la vista de la patente insuficiencia de la remitida. Tras reiteradas peticiones para que esa documentación fuera aportada, y al no obtener respuesta, se decidió dar por desestimada la solicitud, tal y como establecen explícitamente las normas de procedimiento administrativo.

3.- En el día de hoy, sin haber presentado ninguna alegación al oficio administrativo de desestimación y sin que el asunto figurara siquiera en el orden del día, los representantes municipales y forales del PNV han abandonado el Pleno, algo ya de por sí sorprendente, más aún si se tiene en cuenta que esto no supone el archivo definitivo del expediente, sino su suspensión hasta que se produzca una nueva solicitud.

4.- No podemos sino calificar este hecho como una falta de respeto institucional de una gravedad enorme. No es posible que ante una decisión administrativa del Patronato -la única que cabía adoptar con el reglamento en la mano y ante la reiterada negativa del ayuntamiento a aportar la información suficiente-, la reacción sea el boicot institucional.

5.- Esta forma de proceder implica, además, una dejación de responsabilidades impropia de quienes ostentan cargos de representación pública.  

6.- Finalmente, esta presidencia y, por ende, el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dirigido por Esther Larrañaga, desea reiterar una vez más y de forma nítida su apuesta por la existencia de una zona industrial comarcalizada que se ubique en Muxika, lo que requiere su incorporación al Plan Territorial Parcial de Gernika-Markina, en torno al que existe un amplio consenso con la Diputación Foral de Bizkaia.

Urdaibai 2007-10-17

EL PAÍS (2007-10-28)

Alberto Uriona

EUSKO LEGEBILTZARRA (2007ko urriaren 11an)

Galdera interesgarri bi egin zituen Idoia Mendia Cueva-k, Sozialistak Legebiltzar-Taldeko Parlamentariak Eusko Legebiltzarreko Batzarrean.

Eusko Jaurlaritzak Tribunaletara  joko al du Inamak egin nahi duen 11 Ha-tako zabalkuntza berriaren gaia dela eta?-Galdetu zion Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailburuari, Esther Larrañagari.

Bigarren galdera Inamaren lekualdatzeari buruz izan zen, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuari zuzenduta, Ana Agirreri hain zuzen.

Industri, merkataritza eta Turismo Sailak izan al du elkarrizketarik Inamarekin enpresa Muxikan egin nahi duten poligono berrira lekualdatzeko?

Galdera hauek giltzarriak dira Muxikako enpresa honen etorkizunera begira, baita bere inguruan bizi diren  herritarrentzat, euretariko batzuk SOS MUXIKA-n elkarturik urteak daramatzate Inamak eragiten dizkien eragozpenak salatzen.

Beste alde batetik Muxikan gori-gori dagoen beste gai bat ezarri nahi duten poligono industrialaren plangintza da, gai honek ere kezkaturik ditu herritar ugari, ALAI-BEGIRA elkartean bilduta daude auzotar batzuk. Egun poligono honen ezarpenerako Sorospidezko Arauen aldaketa prozesua bertan behera utzita dago, hala ere 35 Ha-tan industriaren bat ezarri nahi ei dute, PTP-ren (Plan Territorial Parcial, Gernika-Markina) menpe dagoen erabakia izanik.

Elkarte bi hauen artean MUXIKA GARBI Auzotarren Elkartea eratu dute, hautagaitza independientea, herrirako eredu sozioekonomiko garbi bat ezartzea helburu duena, enpresa kutsakorrik gabe, ingurumena eta herritarren osasuna errespetatuko dituen eredu berri bat. Muxikako bigarren indar politikoa da eta zinegotzi bi ditu udaletxean. Alkatetza PNV-EAJ-en esku dago, alkatea eta alkateordea Inamako langileak dira.

Legebiltzarrean gertaturikoaren haria jarraituz, hona hemen Parlamentari sozialistak egin zituen galderak eta erabilitako argudioak:

A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO

Idoia Mendia Cueva, Parlamentaria del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara tiene el honor de presentar la siguiente PREGUNTA PARA SU RESPUESTA POR ESCRITO, a la Consejera de Ordenación del territorio y medio Ambiente, referida a la empresa INAMA (Muxika, Bizkaia)

JUSTIFICACIÓN

La empresa INAMA situada en Muxika (Bizkaia), dentro de los límites de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, acumula irregularidades y sanciones como consecuencia de sus actividades.

Nuevamente nos encontramos con una recalificación de 11 hectáreas de terreno realizada por el Ayuntamiento de Muxika, a favor de Inama, y con el informe negativo de la Secretaria e interventora municipal y la falta del preceptivo permiso del Patronato de Urdaibai, como así lo exige la Ley de la Reserva.

Finalmente, el Patronato, a posteriori, otorgó su aval a dicha ampliación alegándose, desde su departamento, de carecer de anclaje jurídico para impedirlo. Sin embargo, dejó claro que la recalificación aprobada por el ayuntamiento “puede” suponer un “vicio de nulidad” al no contar con un informe del Pleno y le instaba al Ayuntamiento a subsanar y reconducir la tramitación del expediente. Estas mismas circunstancias, en otros momentos, han motivado la presentación de denuncias en los tribunales de Justicia por este Gobierno.

Por ello, este Grupo desea saber,

• ¿Proyecta su Gobierno acudir a los Tribunales con este asunto?

***

A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO

Idoia Mendia Cueva, Parlamentaria del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara tiene el honor de presentar la siguiente PREGUNTA PARA SU RESPUESTA POR ESCRITO, a la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, referida a la empresa INAMA (Muxika, Bizkaia)

JUSTIFICACIÓN

A este Parlamento le preocupa la situación irregular de la empresa Finsa Inama situada en Muxika, en pleno corazón de la Reserva de Urdaibai. Son numerosas ya las ocasiones en que asistimos a ampliaciones de dicha empresa realizadas de forma irregular, o a sanciones debidas a sus emisiones, ruidos, etc.

Conocemos la elaboración del PTS de la zona de Urdaibai y también conocemos que, en dicho PTS, se contempla la construcción de un polígono industrial para la comarca.

Por todo ello, el Grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak desea conocer,

• Si su departamento ha mantenido conversaciones con la empresa INAMA para su futuro traslado a dicho polígono comarcal.