Derioko Ezker Abertzalearen bloga

Con una mueca de evidente satisfacción que fue reflejada por las cámaras de televisión, el presidente del Tribunal Supremo español, Francisco José Hernando, daba a conocer al mediodía de ayer la decisión de poner fuera de la ley a Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV). El dictamen ha sido adoptado por unanimidad, como se encargó de resaltar Hernando, y tras un único día de deliberaciones.

La iniciativa ha llevado la firma del Gobierno del PSOE, que esgrimió a partir de 2007 que ANV -formación plenamente legal desde 1977- estaba relacionada con la ilegalizada Batasuna. Pese a que en la vista pú- blica celebrada en junio no aparecieron pruebas al respecto -e incluso Fiscalía y Abogacía del Estado retiraron algunos elementos de sus informes finales-, el Tribunal Supremo ha dado por buenas sus demandas. Y lo ha hecho, además, en un tiempo récord, tras sólo un día de deliberaciones (en el caso de Batasuna, en 2003, fueron seis).

Ya se había adelantado que el fallo sería fulminante y que, pese a la gravedad de la cuestión, la Sala del 61 no agotaría los 20 días de plazo. El propio tribunal no ha eludido admitir que iba a decidir antes del martes próximo, dado que ese día se renueva el Consejo General del Poder Judicial y eso supone el relevo del presidente del Supremo y presidente a su vez de esta Sala, Francisco José Hernando. Así las cosas, el tribunal optó ayer por zanjar por lo sano las especulaciones y confirmar la «condena». Hoy comenzará a revisar el caso de EHAK, con la intención de ilegalizarlo también a lo largo de esta misma semana. Será después cuando se dén a conocer las dos sentencias; ayer sólo se adelantó el sentido del fallo.

Con la prohibición de ANV, son decenas de miles los votantes que se quedan sin la opción política que escogieron en 2007 y 2008. Pese a que la mitad de sus listas municipales fueron prohibidas, el pasado año el partido independentista acumuló unos 180.000 apoyos que le dieron más de 43o concejales «legales», sin contar aquellos cuyos cargos han sido usurpados por otras fuerzas.

Sin esperar a Estrasburgo

Las prisas mostradas por el Estado español no sólo han quedado en evidencia en el detalle concreto de sentenciar antes del relevo de Hernando. También han estado de manifiesto en la decisión política de ejecutar esta nueva ilegalización sin esperar al dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene sobre su mesa los recursos de otros partidos y listas abertzales que han sido prohibidos con anterioridad y los ha admitido a trámite.

Según se difundió a principios del pasado mes de agosto, la sala encargada de instruir estos recursos ha planteado además que sean elevados a la Gran Sala, lo que podría derivar en la celebración de una vista pública sobre las ilegalizaciones de partidos en el Estado español. Esta decisión ha puesto en guardia al Gobierno, que se ha posicionado en contra.

Sin embargo, nada de esto ha sido obstáculo para que el Estado acometa estas nuevas ilegalizaciones, y de continuidad así a la dinámica abierta en la primavera de 2003 con la expulsión del marco legal español de Batasuna, HB y EH.

También al igual que ocurrió entonces, antes de que el Tribunal Supremo decretara la ilegalización, la Audiencia Nacional ya se había adelantado a dictar la suspensión de actividades de EAE-ANV, a través del juez Baltasar Garzón y por vía penal.

La medida decretada ayer tendrá como principal efecto práctico la «liquidación» de sus bienes y efectos. ANV ya perdió sus sedes a manos del franquismo en 1939. Todo ello se detallará en el trámite de ejecución de sentencia, según explicó Francisco José Hernando.

«Ilegalizan partidos, no ideas»

Una de las concejalas ekintzales, Arantza Urkaregi, conoció la noticia mientras comparecía en Donostia. Consideró que «la decisión estaba tomada con antelación. No han debatido mucho acerca del tema». Garantizó, sin embargo, que «la izquierda abertzale va a seguir trabajando para construir una Euskal Herria que tenga reconocidos sus derechos como pueblo».

El movimiento pro-amnistía, por su parte, puso el acento en que «ilegalizarán partidos, pero no ideas. Este pueblo ha demostrado en estos últimos años que la represión más salvaje no consigue sus objetivos, como no los consiguieron el franquismo, los GAL o el Plan ZEN», e instó a dejar a un lado estas fórmulas.

En protesta por la decisión del Alto Tribunal español, 78 vecinos se concentraron en Lekeitio, 30 en Bermeo y 50 ante la sede del PSOE en Erandio.

Si algo estaba meridianamente claro desde que el Gobierno de Lakua hizo público su proyecto de Ley de Consulta es que si llegaba a ser aprobado en el Parlamento de Gasteiz, nunca pasaría el tamiz del Tribunal Constitucional. Por mucho que el lehendakari adujera tener informes jurídicos que avalaban sus planes, a nadie se le podía esconder que una propuesta de las características de la presentada no encaja ni en el texto de la Constitución española de 1978 ni en el espíritu que reina entre los encargados de interpretarla, sean estos gobernantes con licencia para pedir suspensiones, diputados con derecho a recurso o los tribunales encargados del fallo final. La sentencia conocida ayer es nítida al respecto, en España no hay más sujeto de decisión que «la Nación constituida en Estado». Ese es el fondo de la cuestión, porque otras argumentaciones procedimentales, como la definición de referéndum o la invalidez de la tramitación por lectura única, podrían salvarse si la cuestión no afectara al núcleo mismo de la esencia actual de España: su indivisibilidad y la negación de cualquier otro sujeto político.

Todo esto lo sabían a la perfección el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y los partidos que sustentan su Gobierno. No en vano éste es el marco jurídico que el PNV pactó hace treinta años y que ha defendido siempre que le ha resultado de utilidad.

Lo que hoy debería explicar el lehendakari -en lugar de hacer una declaración tan previsiblemente altisonante como de nula eficacia práctica- es por qué ha embarcado a miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que creen en él en una aventura política condenada a estrellarse contra el muro del Estado si no tenía voluntad o posibilidad de mantener la confrontación democrática con ese Estado una vez que recibiera la primera bofetada. La historia de la Ley de Consulta acabó ayer. Pero no acabó porque el Tribunal Constitucional haya dictado su inconstitucionalidad, sino porque ni el Gobierno ni los partidos que debieran de seguir defendiéndola tienen intención de mantener su apuesta más allá de un pataleo inicial.

Igorre sarean blogetik ekarritakoak:

Inolako zalantza barik hauxe da gaurko prentsa idatzia eta irratietako gaia. Konstituzionala deritzon epaimahai horrek, Ibarretxek egin gure omen eban herri kontsulta, aho batez debekatu egin dauela. Autoan natorrela entzun dodanean, nere buruaren barneak izenburuko esaldi madarikatua etorri jata burura,... Viva España!. Hori da azken batez arestian aipaturiko epaile talde horrek euskaldunoi bidalitako mezua, Espainaren batasun sakrosaindua ez dagoela ikutzerik. Erantzuna espero zana besterik ez da izan, eta gogora dezagun, Herri kontsultaren legea Ezker Abertzalearen botoekaz onartu ahal izan zala, eta boto horiek ematerakoan, Gazteizko legebiltzarreko parlamentari independentistek argi utzi zeuriela helburua zala euskal eskumaren mundua noraino iristeko prest egoala. Nere aldetik, ez daukat hauengan konfidantza handirik, betiko lez belaunikatuko direlako. Azken batez Josu Jon Urkuluren koadrilakoek lasaitu ederra hartuko zeurien atzo.... Onartu behar dautsuet dena den,  inuxentea ni, beste garai batzuetan konfidantza apur bat euki nuela, mundu horretan be independentistak egozala, baina gaur duela 10 urte sinatu zan Lizarra-Garaziko akordiaren karian egindakoa ikusita... Bitartean abertzaleok jotake jarraituko dogu herri hau askatzeko eta demokratizatzeko sortzen den edozein aukerari arnasa emoten. Aurrera bolie!